El Derecho a la salud en Colombia como una garantía jurídica dinámica de protecciones equivalentes

Trabajo de GradoEl presente artículo busca propender por la estructuración de planteamientos, contextos y antecedentes del derecho a la salud, elementos relevantes para dotar de un análisis explicativo sobre la doble connotación del derecho a la Salud, desde su lógica de protección dual al ser un Servicio Público y un Derecho Fundamental autónomo. Analizando la diferencia de la reglas, principios, deberes o valores superiores como diferentes categorías normativas establecidas en el sistema jurídico Colombiano.1. INTRODUCCIÓN: ANTECEDENTES Y CONTEXTO DEL DERECHO A LA SALUD DESDE LA CONSTITUCIÓN DE 1991. ESTADO DE COSAS INCONSTITUCIONAL 2. FUNDAMENTACIÓN DE LAS CATEGORÍAS NORMATIVAS 3. INTERPRETACIÓN DE LAS CATEGORÍAS NORMATIVAS DE REGLA, PRINCIPIO, Y DERECHO FUNDAMENTAL EN EL SISTEMA JURÍDICO 4. PRINCIPALES FENÓMENOS QUE AFECTAN LA MATERIALIZACIÓN DEL DERECHO A LA SALUD 5. GRADOS DE INTERPRETACIÓN Y PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEL DERECHO A LA SALUD 6. CONCLUSIONES 7. BIBLIOGRAFÍAPregradoAbogad

De las políticas públicas implementadas a partir del estado de cosas inconstitucional (T-388/13): crisis en el sistema penitenciario y carcelario, violación grave y sistemática del derecho a la salud

Artículo de investigaciónEl presente tema de investigación, ha sido por varios años un problema para el Estado Colombiano, ya que es uno de los países donde se incrementa la vulneración de los derechos fundamentales de las personas que se encuentran privadas de la libertad. En Colombia, los centros penitenciarios y carcelarios no cuentan con el personal médico suficiente, con los implementos adecuados, tienen deficiencia en el suministro de medicamentos, y trabajan en condiciones insalubres y sin higiene. Con el pasar de los años la salud se vuelve más precaria, es más difícil acceder a las mínimas atenciones; ahora, en los centros penitenciarios es peor, pues se habla de una población condenada, marginada y que se encuentra abandonada por el Estado, cada vez aumentan las tutelas interpuestas ante la Corte Constitucional por las diferentes personas que ven vulnerado su derecho fundamental a la Salud, por ello, se observa que la vulneración de los derechos fundamentales de los reclusos crece frecuentemente sin encontrar solución alguna.INTRODUCCIÓN. 1. Conceptos y antecedentes del Derecho Fundamental de la Salud, Estado de Cosas Inconstitucional y Políticas Públicas. 2. Políticas públicas implementadas por las Entidades Públicas para la protección del derecho a la salud en personas privadas de la libertad. 3. Informes remitidos de seguimiento y cumplimiento de la orden interpuesta por la Corte a las Entidades Públicas. 4. Comentarios con base a informes de cumplimiento y seguimiento. 5. Conclusiones. 6. ReferenciasPregradoAbogad

La acción de tutela frente a la función jurisdiccional de la Superintendencia Nacional de Salud

Artículo de investigaciónEl presente artículo se ocupa de los aspectos centrales entre la acción de tutela y las funciones jurisdiccionales de la Superintendencia de Salud como mecanismos para la protección del derecho fundamental a la Salud. Para tal fin, resulta indispensable analizar sus antecedentes, el marco legal, la naturaleza jurídica y los aspectos procesales de cada figura jurídica. Con ello, poder establecer la procedencia de la acción de tutela como mecanismo de amparo del derecho fundamental a la salud frente a otras formas de protección como lo es la función jurisdiccional en cabeza de la Superintendencia de Salud.RESUMEN INTRODUCCIÓN 1. El derecho a la salud en Colombia 2. La acción de tutela y su aplicabilidad al derecho a la salud en el contexto colombiano 3. La función jurisdiccional de la Superintendencia Nacional de Salud 4. Factores, características y aspectos comparables de la acción de tutela y la función jurisdiccional de la Superintendencia Nacional de Salud 5. Formalidades 6. Términos y recursos de la función jurisdiccional 7. Términos y recursos de la acción de tutela 8. Medidas cautelares de la función jurisdiccional y de la acción de tutela 9. CONCLUSIONESPregradoAbogad

Estándares probatorios en el sistema acusatorio y su desarrollo en Colombia

Artículo de InvestigaciónDentro del sistema penal, los estándares probatorios son decisivos para garantizar la aplicación de los derechos y las garantías en aras del debido proceso y la protección de la presunción de inocencia del procesado, en relación con el deber de la defensa de desvirtuar las pruebas y la acusación, articulando principios rectores y garantías procesales que resguarden extensivamente el in dubio pro reo.INTRODUCCIÓN 1. El proceso hasta el juicio de acusación en el common law y el derecho continental. 2. Estándares probatorios en el registro y allanamiento, la interceptación de comunicaciones y otros procedimientos. 3. Estándares probatorios en la captura, la imputación y la medida de aseguramiento. 4. Lo que debe probarse en el proceso penal. 5. El estándar de prueba frente a los eximentes de responsabilidad y duda razonable —desde la defensa—. 6. La valoración probatoria y el estándar de prueba más allá de toda duda razonable en la sentencia. CONCLUSIONESPregradoAbogad

El abuso desde el enfoque de las prácticas contrarias a la competencia en el sistema general de seguridad social en salud en el marco de la ley 100 de 1993

No se encontraron estudios desde la Bioética, sobre la noción de abuso. Este término se relaciona generalmente con patrones de fuerza, poder o control y es visto desde el Abuso de Posición Dominante (APD) en el mercado, como una práctica anticompetitiva? que excede los límites de legalidad? permitiendo a quienes ostentan poder de mercado, imponer condiciones, incumplir acuerdos, restringir la competencia y la libre elección. El APD en el Sistema General de Seguridad Social en Salud, es una conducta que no ha sido analizada ni sancionada por los organismos competentes, pero se presume que algunas empresas farmacéuticas, prestadoras y promotoras de salud, entre otras, han abusado de su posición de dominio. Estas últimas Entidades, por vacíos de la ley 100 de 1993 y ausencia de vigilancia y control del Estado, han negado: tanto el acceso a los servicios de salud a los usuarios, obligándolos a interponer tutelas, como el pago a sus proveedores externos de salud.No studies since Bioethics, on the notion of abuse were found. This term is usually associated with patterns of strength, power or control and is seen from the Abuse of the Dominant Position (ADP) in the market, as an anticompetitive practice that exceeds the limits of law allowing those who hold market power, impose conditions, breaching agreements and restrict competition and the free choice. The ADP in the General System of Social Security in Health is conduct that has not been treated or punished by the competent bodies, but presumably some pharmaceutical companies, providers and promoters of Health, among others, abused their dominant position. The latter entities, by gaps in the law 100 of 1993 and the absence of monitoring and control of the state, denied access to health services users, forcing them to interpose guardianships and they denied payment to external providers.Magíster en BioéticaMaestrí

Los derechos colectivos de los pueblos indígenas en Colombia: una propuesta de clasificación

La situación de los pueblos indígenas en Colombia refleja la discrepancia que existe entre un marco constitucional y jurisprudencial avanzado en el reconocimiento de derechos colectivos a los grupos originarios, su escaso desarrollo a nivel legal y reglamentario, y la evidente incapacidad institucional para lograr su implementación y garantía; todo en el contexto de un conflicto armado interno en el que la actividad de los múltiples actores que intervienen en él, dificultan las posibilidades de acción estatal, así como los ejercicios de autonomía y participación de estos grupos.Por estos motivos, los pueblos indígenas de Colombia están particularmente indefensos y expuestos al conflicto armado y a sus consecuencias, al igual que al abuso de aquellos interesados en explotar los recursos naturales que se encuentran en sus tierras y territorios ancestrales, sobre la base de situaciones estructurales preexistentes de pobreza extrema y abandono institucional, que operan como factores catalizadores de las profundas y sistemáticas violaciones de los derechos humanos a las que se ven sometidos..

Principios, derechos y pasivos ambientales: un estudio de caso sobre contaminación por residuos peligrosos en Bogotá D.C. (Colombia)

Una problemática ambiental surge cuando los bienes naturales y ambientales son afectados por quienes usan, aprovechan, intervienen o explotan faltando al deber de cuidado, dando lugar a injusticias que afrontan las sociedades modernas y que se ve reflejado en el daño a los ecosistemas y los conflictos asociados por el acceso al territorio. De lo cual cobra interés para las instituciones, la sociedad, la empresa y la academia buscar elementos en perspectiva de justicia ambiental avanzada para la solución, reparación y restablecimiento integral de los derechos ambientales conculcados. Así, a partir de un estudio de caso de contaminación por residuos peligrosos contaminación en la Zona de Ronda y Preservación Ambiental - ZMPA del río Tunjuelito en Bogotá D.C., por la GM Colmotores, se pretende identificar los elementos centrales de una teoría de pasivos ambientales contrastando enfoques teóricos de justicia ambiental, los principios ambientales como “responsabilidad, prevención, precaución, solidaridad, sostenibilidad y el que contamina paga” y los derechos colectivos ambientales, en la conceptualización y fundamentación jurídica de los pasivos ambientales. Bajo elementos metodológicos de valoración integral participativa en la identificación de actores e intereses, análisis del discurso, consulta a organizaciones sociales y expertos, todo en el marco de la justicia procedimental constitucional, reflejados en unas pautas y lineamientos para el establecimiento de un estándar judicial ambiental para la solución de conflictos ambientales. (texto tomado de la fuente)An environmental problematic appears when the natural and environmental goods are affected by who use them, exploit and intervene missing to the must of care given place to injustices that the modern societies have and is reflected in the ecosystems damage and the conflict associated by the access of the territory. Which cash interest to the institutions the society, the company and the academy looking for elements in perspective of environmental justice advanced by the solution, reparation, reestablishment integral of all the environmental calculated violated. Since a study of the contamination case by dangerous residues in the Ronda zone and environmental Preservation-ZMPA de Tunjuelito river in Bogota D.C GM Colmotores pretend to identify the central elements of a theory of environmental passives contracting theories focus of environmental justice, the environmental principles as: responsibility, prevention, precaution, solidarity, sustainability and who contaminate pays and the collective environmental rights, in the conceptualization and juridic fundamentation of the environmental passives. Below methodology elements of integral and participative in the identification of actors and interests, discourse analysis, consult to social organizations and experts, all in the mark of procedimental, constitutional justice reflected in the alignments to establishment of a judicial, environmental level to the solution of environmental conflicts.MaestríaSociedad, Bioderecho y Bioétic

La importancia de la soberanía popular en Cumaral – Meta frente a la protección del agua como eje fundamental de la sociedad

En el siguiente trabajo se abordará la importancia que tiene la soberanía popular frente a la protección del agua en Cumaral – Meta, con el fin de lograr determinar que el agua como eje fundamental de los ciudadanos, no puede estar limitada por condiciones ambientales contaminantes, esto de la mano con el valor rector del medioambiente sostenible como lo es el principio de precaución. El agua es el elemento esencial para la existencia de todo ser vivo, la supervivencia y en caso específico para contar con buena salud de todos los seres humanos; cabe mencionar que al ser el eje fundamental, si no se pudiese concretizarse hay una afectación directa e indirecta para desempeñar el rol primordial y/o vital en la vida cotidiana, puesto que desde el momento mismo en el que se habla de derechos fundamentales positivos en Colombia y protegidos, no se encuentra pero a su vez no es posible ejercer los demás derechos fundamentales. Durante el establecimiento de cada sociedad, las mismas se han instituido en lugares o territorios que cuenten con una fuente hídrica cercana, lo anterior con el propósito de tener un desarrollo económico, social y dignificación de la vida humana a través del líquido esencial como es el agua. Cumpliendo estas características, se dirigió la investigación a la cordillera oriental colombiana, haciendo énfasis en el municipio de Cumaral – Meta, el cual es un lugar lleno de fuentes hídricas alimentando gran parte de la región Orinoquía. En el municipio anteriormente mencionado, se ha identificado un problema socio-jurídico sobre la decisión soberana acerca de la explotación petrolera en su territorio, siendo la soberanía una disposición que recae exclusivamente en el pueblo y/o su representante legal sobre el uso de sus fuentes hídricas; mediante la consulta popular realizada por la máxima autoridad del municipio y el trabajo de campo realizado por el equipo investigador, en consecuencia, la comunidad identificó que la explotación petrolera no es la economía adecuada para satisfacer sus necesidades por no ser una economía sostenible; ya que a través del tiempo se ha visto que el recurso hídrico se ve afectado por aumento de la población, cambios climáticos, uso excesivo del agua en las industrias, deforestación, entre otros. No obstante, el hombre al darle el uso y el manejo al agua ha mencionado una propuesta la cual es buscar el equilibrio apropiado, rentable y sostenible para mejorar la calidad, y reducir los riesgos con el agua, para que se pueda ver como un factor primordial que contrae beneficios dentro de la comunidad cumaraleña. De esta manera la población puede decidir mediante la consulta popular la defensa al derecho al agua, lo que todavía no se ha determinado y enfocado es su debida protección para evitar su escasez y contaminación, es a partir de esto, que nos planteemos la pregunta problema de ¿Por qué la soberanía popular de Cumaral – Meta debe tener fuerza vinculante para proteger el derecho al agua bajo el principio de precaución? Se pretende, antes de desarrollar una respuesta a este interrogante, precisar en cuanto a cómo se entiende el principio de precaución para un medioambiente sostenible; siendo catalogada la soberanía popular como base del Estado Social de Derecho, y en una correlación teórica tomada de Zaccai y Missa en donde determina que el principio de precaución “consiste en no esperar al elemento de la prueba absoluta de una relación de causa a efecto cuando elementos suficientemente serios incitan a pensar que una sustancia o una actividad cualquiera podrían tener consecuencias dañinas e irreversibles para la salud o para el medioambiente y, por lo tanto, no son sostenibles” (Cortina, 2004, p. 3). El objetivo general de la investigación, consiste en determinar los factores que influyen en Colombia generando la limitación del acceso al agua y estudiar la fuerza vinculante de la consulta popular en el municipio para proteger el derecho al agua bajo el principio de precaución. Para el desarrollo de este objetivo se maneja un enfoque metodológico cuantitativo, acudiendo a la técnica de recolección de información por medio de entrevistas, encuestas y datos científicos; dado a los postulados contemplados en la investigación, el trabajo se vincula al manejo de una línea de investigación que cuenta con los pilares educación, derecho, cultura y sociedad; en donde simultáneamente se desarrolla el mismo utilizando el método inductivo, impartido por Francis Bacon, ya que tomamos datos particulares para llegar a una conclusión general. De ahí que el desarrollo del enfoque es el muestreo en donde se realizó a la población comprendiendo comerciantes, empleados, campesinos, estudiantes y turistas esto mediante encuestas aplicadas en el casco urbano y diferentes veredas de Cumaral, adicionalmente se realizaron dos entrevistas a dos organizadores de la consulta popular. La triangulación de instrumentos para el análisis de datos se dio por los mecanismos constitucionales, la soberanía popular y el principio de precaución del medio ambiente bajo el enfoque del derecho al agua, factores que son fundamentales para llegar a la conclusión de la investigación. En contextualización, se denota que a partir del enfoque estructural-funcionalismo existe un ideal de las instituciones esencial para el desempeño cabal de sus funciones el cual es, seguir unos lineamientos con el fin de desempeñar la satisfacción. A modo desglose del contenido desarrollado en cada uno de los capítulos del trabajo de investigación, se presenta una breve descripción del primer capítulo, el cual pretende la contextualización del problema de investigación en donde se aborda la problemática del derecho al agua, desde el ámbito jurídico para así evidenciar la protección del mismos y cómo este último cuenta con la consulta popular como pionera en la activación del papel de constituyente primario para unificarlo dentro de los fines esenciales, principios y derechos fundamentales de la Carta Política. Lo antepuesto como una forma amplia de protección por medio de la soberanía popular bajo el principio de precaución en relación con lo jurídico. Si la soberanía popular promulga el ejercicio de los mecanismos de participación ciudadana que están facultados los ciudadanos a permitir, articular intereses, agrupar voluntades, compatibilizar y construir de manera paulatina ejercicios de participación, para proteger su territorio en materia ambiental, en consecuencia la soberanía promulga, la protección al derecho al agua bajo el principio de precaución como actividad de anticipación en busca de reducir los riesgos antes que ocurran como una garantía de gestión. En consecuencia, se interviene para evitar los peligros potenciales con relación al recurso hídrico. Desde el análisis en el ámbito jurídico, se efectúan los elementos jurídicos que van alineando los conceptos, principios y valores abordados dentro de la investigación socio-jurídico para así traer desde lo internacional a lo nacional con su debida protección. Así mismo, se desarrolla en el segundo capítulo, el reconocimiento del derecho al agua como un aspecto funcional en la conservación de la sociedad, por lo cual expone la importancia de establecer nuevos lineamientos respecto al derecho al agua debido a su gran impacto y actualidad en la realidad nacional, tomando el principio de precaución del medio ambiente, y los instrumentos de participación ciudadana como la consulta popular y el cabildo abierto siendo la libre determinación de los pueblos y la no intervención de un Estado en los asuntos de otro, generando para el ejercicio de la misma como modo de participación democrática del pueblo. De esta forma, el tercer capítulo se va a centrar en manejar la triangulación metodológica y se exponen los valores del trabajo de investigación retomando el enfoque de la soberanía popular como forma para garantizar los derechos ambientales que impulsan a la participación de las comunidades con el manejo del principio de precaución. Cabe hacer mención que la labor jurídica no sólo se limita que el legislativo entregue los elementos sustanciales y procesales, y que el órgano de cierre que para el estudio de este trabajo investigativo son los pronunciamientos de la Corte Constitucional, a proferir normatividad esto debido a que en el quehacer queda en el papel sin dar cumplimiento alguno. Es allí en donde se involucra el equipo investigativo para ahondar sobre la importancia de la soberanía popular en Cumaral –Meta frente a la protección del agua como eje fundamental de la sociedad. En el informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos, se identifican unas cifras preocupantes para algunos continentes, pero de igual forma siendo beneficioso para otros, evidenciándose que en (…)“el continente asiático alberga el 60% de la población mundial y dispone sólo del 30% de los recursos hídricos del planeta, mientras que en América del Sur se alberga el 6% de la población mundial y disfruta del 26% de los recursos hídricos potables del mundo”(UNESCO.Directo-General, 2018). Cabe mencionar que, en el ámbito nacional, según el informe de Vigilancia de la Calidad de agua en Colombia en el mes de enero del 2018 realizaron un estudio con diferentes muestras para evidenciar el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua (IRCA) el cual expone que fueron reportadas al Sistema de Vigilancia de la Calidad del Agua (SIVICAP) 1.786 muestras de agua, lo cual arrojó un IRCA nacional de 6,6, correspondiente a una calidad del agua para el país de riesgo bajo en este mes. Del total de muestras reportadas, el 85,4% (1.526) presentó agua sin riesgo, el 0,6% (11) tuvo riesgo bajo, el 6,4% (115) riesgo medio, el 5,1 (91) riesgo alto y el 2,4% (43) agua inviable sanitariamente. Instituto Nacional de Salud (INS, 2018). Con los anteriores datos, se puede evidenciar la urgencia que debe tener la comunidad en cuanto a la protección del agua, tomando conciencia que el agua es un compuesto abundante y un líquido fundamental para todo ser vivo del territorio sobre el cual estamos realizando esta investigación. Es por ello que la consulta popular y la decisión soberana, son derechos y mecanismos respaldados por la Constitución Política de 1991, y son las herramientas jurídicas adecuadas para defender el agua en Cumaral, pues sí una manifestación soberana apoya el NO sobre un determinado tema este debe ser de carácter obligatorio, como se estipula en el Art. 3 y sumando el mecanismo en el Art. 105 del mismo documento. Sin embargo, ninguna institución puede contrariar la manifestación del constituyente primario, siendo los principales afectados en cualquier tema de desarrollo en su comunidad.Universidad Libre – Facultad de Derecho -- Derech

El contrato de aporte como modelo de gestión pública en la contratación estatal: análisis de caso de la política de infancia y adolescencia en el municipio de Sonsón - Antioquia (2011-2019)

Derivada de la ley 7 de 1979 se emitieron normas para la protección de la niñez, allí se estableció el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, se reorganizó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entre otras disposiciones. En dicha Ley, se instituyó que “El ICBF podrá celebrar contratos con personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales e internacionales para el manejo de sus campañas, de los establecimientos destinados a sus programas y en general para el desarrollo de su objetivo.” Este mismo Decreto Reglamentario de la Ley 7 de 1979 expresa en su artículo 128 que: “Los contratos de aporte que el ICBF celebre para la prestación de los servicios de Bienestar Familiar sólo están sujetos a las cláusulas obligatorias de todo contrato administrativo”. Seis años después en 1985, la Junta Directiva del ICBF dio a la figura del Hogar Infantil el carácter de Unidad de Protección y Atención al Niño y a la Familia. Se pretendió que el Hogar Infantil fuera el lugar donde se atendieran múltiples servicios de bienestar, constituyéndose en el núcleo generador de acciones de protección para los Niños, Niñas y Adolescentes en adelante NNA y la familia, con la participación responsable y organizada de la comunidad. Esta propuesta buscó unificar la dispersión de servicios, para generar una prestación de un servicio más eficaz del ICBF con las comunidades, y empezó a vincular a todos los miembros de la familia, a las instituciones públicas, a las organizaciones comunitarias que tenían objetivos afines para desarrollar acciones integradas. (González y Durán, 2012). No obstante, esta última intención, el Estado colombiano en materia de contratación estatal, erigió como norma básica la Ley 80 de 1993 denominada Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, la cual ha estado vigente por veintisiete (27) años y ha sido reglamentada en la mayor parte de su articulado. Dicha Ley somete al operador jurídico estatal a que se apliquen los principios y procedimientos consignados en ésta, y de igual manera define algunos contratos especiales que en parte se rigen por esta Ley y por el procedimiento que consagra la norma especial. Estos principios son: el de trasparencia (Ley 80, 1993, art. 24); el principio de economía (Ley 80, 1993, art. 25) y el principio de responsabilidad. (Ley 80, 1993, art. 26). Así las cosas, con anterioridad a la expedición de la Ley 80 de 1993 e incluso las normas anteriores, ha existido modalidad de contratación especial, el Contrato de Aporte, que se encuentra vigente desde 1979 y está consagrado en la Ley 7 de dicho año, por la cual se dictaron normas para la protección de la niñez y se estableció el Sistema Nacional del Bienestar Familiar, además de reorganizar el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. (Herreño, 1999). Entre el régimen de la Ley 80 de 1993, emana con características especiales el denominado Contrato de Aporte, asociado a la prestación de un servicio público, cuando se dirige a la atención integral de la población de los niños, niñas y adolescentes-NNA-. En efecto, el Estatuto de Contratación en Colombia, como lo es la Ley 80 de 1993, tiene como objeto disponer las reglas y principios que rigen los contratos de las entidades. En esta se define como entidad estatal a toda aquella organización que hace parte del Estado (nación, provincias, municipios, senado de la república, fiscalía general de la nación, entre otros) y que tienen la capacidad para celebrar contratos. La contratación estatal busca que los prestadores de servicio cumplan con fines los específicos para el correcto funcionamiento de los cometidos estatales, aunado a los principios que rigen los contratos de las entidades estatales, y entre los fines de la contratación se destacan: el cumplimento de los cometidos estatales; la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administradores. En el marco de todo lo relacionado con el Contrato de Aporte, se evalúa la política pública en el municipio de Sonsón y que tiene que ver con todas las obligaciones que se encuentran a cargo de la administración pública.N/